Civil Rights & Social Justice
La situación de los presos políticos en Venezuela tras las elecciones de 2024 representa una de las crisis de derechos humanos más graves del hemisferio occidental.
Las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas y el cierre del espacio cívico representan violaciones directas a tratados internacionales suscritos por Venezuela, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura. El llamado de las organizaciones internacionales es claro: si no hay un cambio significativo en las políticas del Estado venezolano, se consolidará una dictadura donde la represión será la norma y la libertad la excepción. Para la comunidad internacional, y particularmente para los latinos dentro y fuera de EE. UU., este es un momento clave para exigir respuestas, proteger a quienes defienden los derechos humanos y apoyar mecanismos de presión que ayuden a restaurar la democracia en Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro ha intensificado su estrategia represiva durante 2024–2025, alternando arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas, tortura y legislación que inhibe cualquier crítica. Estas acciones no solo deterioran derechos fundamentales, sino que amenazan a la comunidad venezolana en el exilio, generando temor y afectando lazos entre familias. La respuesta internacional —con denuncias de la ONU, presión diplomática y procesos judiciales— es clave para contener esta ola de violaciones y proteger la sociedad civil democrática en Venezuela.
Venezuela atraviesa una etapa de restricción digital sin precedentes.
